El sábado 18 de abril el compañero Miguel Vázquez Moreno, base de apoyo del EZLN originario del crucero Agua Azul del Municipio Autónomo Rebelde Zapatista Comandanta Ramona, fue detenido injustamente por elementos de la Policía Judicial y de Seguridad Pública del estado. Ese mismo día también fueron detenidos los compañeros: Alfredo Gómez Moreno, Gerónimo y Antonio Gómez Saragos, Pedro y Sebastián Demeza Deara, Gerónimo Moreno Deara y Miguel Dameza Jiménez, todos ellos, adherentes a la Otra Campaña del ejido San Sebastián Bachajón, Chiapas. A los 8 compañeros se les dictó auto de formal prisión y se encuentran actualmente recluidos en el CERESO #14 El Amate.
Los compañeros fueron acusados de ser asaltantes de caminos, mientras los verdaderos culpables, en complicidad con la policía, permanecen en libertad. El grupo de asaltantes fue claramente identificado y denunciado por la Junta de Buen Gobierno Corazón del Arcoiris de la Esperanza, mientras nuestros compañeros eran encarcelados sin ninguna prueba, lo que demuestra el carácter político de las detenciones y la poca voluntad del mal gobierno para resolver los asaltos.
Además de lo anterior, los pueblos zapatistas han estado sufriendo constantes amenazas y agresiones por parte de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), del grupo paramilitar Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC), así como de elementos de
Seguridad Pública y las Policías Preventiva y de Caminos. Estas agresiones forman parte de una nueva ofensiva en contra de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas por parte de los tres niveles de gobierno: el gobierno estatal de Juan Sabines (PRD), el gobierno federal de Felipe Calderón (PAN), y el gobierno municipal de Antonio Moreno López (PRI).
En realidad a los compañeros los detuvieron por defender sus tierras, aguas y territorios, y por lo mismo, representan una amenaza a los intereses de los malos gobiernos y el capital, quienes a través del proyecto del corredor turístico “Centro Integralmente Planificado Palenque-Agua Azul” intentan despojarlos de lo que legalmente les pertenece.
La detención de nuestros compañeros se suma a la larga lista de historias de injusticia en nuestro país, en el que la lucha social es criminalizada, mientras los verdaderos criminales son premiados en puestos de gobierno o simplemente siguen libres cometiendo fechorías.
Hacemos un llamado a luchar por la liberación de nuestros compañeros, y a impulsar acciones para exigir la libertad de Miguel Vázquez Moreno, y de los 7 compañeros de la Otra Campaña detenidos en San Sebastián Bachajón y de todos los presos políticos del país, así como por el cese del hostigamiento en contra de las comunidades zapatistas.
¡Libertad inmediata a Miguel Vázquez Moreno, base de apoyo del EZLN y a los 7 adherentes a la Otra Campaña de San Sebastián Bachajón!
¡Libertad a todos los presos políticos!
¡Alto a la guerra contra las comunidades zapatistas!
Colectivos e individuos de La Otra Campaña
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/archivos/presos/2bis.pdf
(Cartel de apoyo a presos politicos)
extraido de sitio web http://enlacezapatista.ezln.org.mx
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Negligencia del Juez entorpece proceso penal, mientras el estado de salud de los compañeros presos se deteriora
ResponderEliminar-Indígenas tseltales de la Otra Campaña siguen sujetos a trabajos forzados y extorsiones por los “precisos” de El Amate.
-Se deteriora el estado de salud de los presos políticos, ante la falta de atención y tratamiento médico de las consecuencias de la tortura de que fueron víctimas.
El pasado 8 de mayo, ante el injusto auto de formal prisión, dictado por el juez segundo
del ramo penal, por los delitos de Robo con Violencia y Delincuencia Organizada en contra de los indígenas tseltales del Ejido San Sebastián Bachajón, abogados de este Centro de Derechos Humanos, en su carácter de Defensores, interpusieron recurso de apelación. El 11 de mayo de 2009, dicho juez, tuvo por interpuesto el recurso de apelación y ordenó que fuera remitido a la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
De conformidad con el artículo 390 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas, el expediente original debe remitirse a la Sala del Tribunal dentro de los 8 días hábiles siguientes a la admisión del recurso de apelación; Sin embargo, hasta el día de hoy el expediente penal de los siete indígenas tseltales no ha sido remitido al Tribunal, violentando el precepto legal antes indicado, en perjuicio de los procesados.
Estas dilaciones injustificadas en el trámite del recurso de apelación, nos permiten constatar que las instancias de impartición de justicia del Estado son ineficientes y permiten se presuma que se han constituido en órganos de consigna supeditando sus determinaciones a los intereses represivos del Poder Ejecutivo en franca violación a los derechos humanos de los indígenas tseltales adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona presos en El Amate.
Aunado a las irregularidades dentro del procedimiento penal, este Centro de Derechos Humanos corroboró el pasado 26 de mayo que los ?precisos? que gobiernan al interior del centro penitenciario bajo cobijo de las autoridades, mantienen realizando trabajos forzados día y noche a los indígenas tseltales adherentes a la Otra Campaña, consistentes en recoger basura, acarrear agua, desahogar las tazas de baño que se encuentran tapadas por excremento, así como hostigarlos con causarles daños a su integridad personal y solicitarles dinero para que cesen los trabajos forzados conocidos comúnmente como “talachas”.
Así mismo, manifestamos nuestra enérgica protesta por la falta de atención médica a los 7 indígenas tseltales ya que es evidente que cada vez más su salud se deteriora, destacando que Gerónimo Gómez Saragos, Miguel Demeza Jiménez y Gerónimo Moreno Deara han manifestado que necesitan una valoración médica porque tienen muchos malestares ya que les duele su cintura y diversas partes de su cuerpo, resultado de la golpiza y tortura de que fueron objeto durante su detención por los elementos de la Policía Estatal de Caminos y Policía Estatal Preventiva, así como por elementos de la Policía Ministerial adscritos a la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada.